01/09/2017 Opinin

Candidatura de Menem: la salud moral de la repblica se encuentra en juego

El martes la Cámara Nacional Electoral rechazó las impugnaciones a la precandidatura del senador nacional Carlos Menem y el ex presidente quedó habilitado a competir en octubre para renovar su banca en la Cámara alta. Al respecto opinó para Télam Samanta Acerenza, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires-Cambiemos.

Samanta Acerenza

Por Samanta Acerenza

El pasado martes la Cámara Nacional Electoral, con una nueva integración a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó las impugnaciones presentadas a la precandidatura a Senador Nacional por La Rioja del ex presidente Carlos Saúl Menem, habilitando su postulación para ese cargo.

El tribunal, se aferró a dos criterios formales para rechazar las impugnaciones, al considerar que fueron presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo legal, y por personas que no tenían legitimación para hacerlo. Sin embargo, también se expidió sobre el planteo de fondo y sostuvo que sólo podría inhabilitarse a un candidato en caso de que tuviera una condena firme en su contra pasada en autoridad de cosa juzgada. Situación que en el caso de Menen no se configura ya que la sentencia de la Cámara de Casación Penal que lo condenó a 7 años de prisión y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de contrabando de armas aún no está firme, por haberse interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a la fecha, no se expidió.

Respetuosamente, disentimos con la interpretación realizada por la Cámara Nacional Electoral, soslayando la cuestión ético-moral que involucra lo sustancial del asunto, dejando pasar una oportunidad histórica de enviar un mensaje esperado por toda la sociedad: que existe un umbral ético y moral para el acceso a cargos electivos, delineando así, el requisito constitucional que exige acreditar idoneidad para acceder a todo cargo público. Requisito que, como sostuvo el primer pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral "necesariamente implica carecer de antecedentes penales, ya que cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse".

El sentido común indica que una persona con dos sentencias penales condenatorias y cuatro procesamientos en su contra, uno de ellos por encubrir el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país, que fuera calificado como "delito de lesa humanidad" no cuenta con la idoneidad moral necesaria para acceder a un cargo público o presentarse como candidato a un cargo electivo.

No ha sido ésa la lógica aplicada por la Justicia, que se limitó a verificar el cumplimiento de requisitos formales para habilitar su candidatura, obviando el requisito de mayor peso, el de la "idoneidad moral" al estar procesado por encubrimiento de un delito de "lesa humanidad" al cual refiere la propia ley orgánica de los partidos políticos en su artículo 33 inciso f) y que le impide postularse como candidato.

La habilitación de la candidatura de Carlos Saúl Menem contribuye a degradar una institución fundamental de nuestra República como el Congreso de la Nación, mellando la confianza en el sistema democrático y devaluando la confianza que debemos inspirar como representantes del pueblo.

Lamentablemente, este pronunciamiento le permitirá - en caso de repetirse los resultados de agosto - continuar ocupando una banca en el Senado de la Nación y refugiarse por otros 6 años en la impunidad que le otorgan los fueros parlamentarios.

Debemos redoblar nuestro compromiso de seguir trabajando en una agenda de mayor transparencia y lucha contra la corrupción, delito cuya comisión ha sido calificada por nuestra Constitución Nacional como un atentado al orden democrático.

De allí que, en este nuevo tiempo que transitamos los argentinos, urge legislar para evitar que el Congreso se convierta en un refugio de aquellos políticos que cometen delitos contra el Estado y que, en busca de fueros, se postulan a un cargo electivo para garantizarse impunidad.

Si aspiramos a fortalecer con mayor transparencia las instituciones de la República, resulta imperioso que impulsemos desde el Congreso la legislación necesaria que impida a los condenados por delitos de corrupción, aun sin sentencia firme, candidatearse o acceder a cargos públicos, dando el debate y tratamiento de los numerosos proyectos de ley presentados en el Congreso.

La salud moral de la República se encuentra en juego.

(*) Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires-Cambiemos.

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