10/08/2017 opinin

Inhabilitar a los condenados por delitos de corrupcin para ejercer cargos pblicos electivos

Mientras el ex presidente Carlos Menem apeló ante la Corte Suprema de Justicia la impugnación de la Cámara Nacional Electoral para que sea candidato a senador nacional por un nuevo período, el interbloque Cambiemos impulsa un proyecto de ley para que los condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos. Al respecto opinó para Télam la secretaria parlamentaria del bloque macrista, Silvia Lospennato.

Silvia Lospennato

Por Silvia Lospennato

La sentencia dictada por la Cámara Nacional Electoral que rechaza la candidatura del Dr. Carlos S. Menem al Senado de la Nación nos interpela nuevamente sobre la necesidad de reglamentar el acceso a cargos públicos de las personas que se encuentran involucradas, particularmente, en delitos de corrupción.

En efecto, a la luz de la redacción actual de la ley de partidos políticos y del Código Nacional Electoral, no pueden ser candidatos aquellas personas condenadas por sentencia firme por delitos dolosos a penas privativas de libertad.

Sin embargo, la propia dinámica de los hechos evidencia a las claras que los procesos judiciales en que se debate la participación de funcionarios públicos en hechos de corrupción se prolongan en promedio por más de una década.

De esta forma, el tiempo para que recaiga sentencia firme en procesos como los de referencia choca contra toda noción de proporcionalidad y, sobre todo, se encuentra desfasado de las legítimas expectativas de la ciudadanía, que exige prontas certidumbres por parte del Poder Judicial en lo que a este tipo de delitos atañe.

Por ese motivo es que, frente a casos como el reseñado, promuevo un proyecto de ley que impide presentarse como candidato a las personas condenadas por delitos de corrupción "desde la sentencia condenatoria en primera instancia".

Porque, al igual que el resto de los derechos, los de índole política no son absolutos y precisan de reglamentación para poder ejercerse de forma armónica con otros derechos, en el marco de una sociedad plural y democrática.

En primer lugar, y desde el plano normativo, porque la Constitución Nacional establece que la comisión de tal especie de delitos constituye, lisa y llanamente, un atentado contra el sistema democrático.

Por lo demás, la Convención Interamericana contra la Corrupción (de la cual Argentina es parte, y, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir acabadamente) reconoce que "la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos".

En segundo lugar, y desde la óptica del sentido común, porque tales inconductas se han revelado como auténticas amenazas no solamente al erario público sino también a la propia institucionalidad y a quienes legítimamente ocupan cargos públicos.

Sin embargo, a poco que se repare en el conocido y vital "principio de inocencia", debe aceptarse - en forma paralela - que no cualquier acusación puede bastar para gatillar la limitación al sufragio pasivo.

En ese sentido, entendemos que la justa solución a este dilema no debe buscarse en los extremos: así, se muestra de una liviandad inadmisible el hecho de admitir meras denuncias penales, pero asimismo luce desproporcionadamente estricto el exigir que la sentencia se encuentre firme en todas sus instancias.

De allí que consideramos que la sentencia de condena por delitos de corrupción de primera instancia es el hito a partir del cual debe prohibirse que los condenados puedan presentarse a ocupar cargos públicos. Una inhabilitación que además es temporaria en tanto cederá al momento en que esa sentencia condenatoria sea revertida o una vez que se cumpla el plazo de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en caso de que la condena sea confirmada en instancia superior.

En ese sentido, cabe hacer notar que la inhabilitación actualmente ya se impone a "las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra", conforme dispuso el art. 15 de la ley 26.571.

En ese caso el legislador entendió que la mera presunción de tales delitos inhabilitaba a una persona para ser candidato con base constitucional en los tratados de Derecho Humanos, cuánto más entonces debe recaer esa inhabilidad sobre los condenados para haber cometido "atentados contra la democracia" como textualmente califica el art. 36 de nuestra constitución a los delitos de corrupción.

Por lo demás, la solución propuesta no solamente contribuye a vigorizar la institucionalidad de la Nación a través de un nuevo mecanismo de transparencia en el ejercicio del poder, sino que también robustece los ideales republicanos personificados en el Congreso Nacional, órgano depositario por antonomasia de la voluntad popular.

(*) Diputada nacional de PRO por la provincia de Buenos Aires.

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