18/05/2017 Colombia

El fallo de la Corte que autoriza al Congreso a cambiar los acuerdos de paz provoca debate

El gobierno de Colombia dijo este jueves que la implementación del acuerdo de paz con las FARC no está en riesgo tras el fallo de la Corte Constitucional que sentenció que el Congreso puede modificar los proyectos que impĺementan ese pacto sin el aval del Ejecutivo.

El máximo jefe de la insurgencia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo que los guerrilleros concentrados en campamentos iniciaron una asamblea permanente para analizar el nuevo escenario.

"No está en riesgo ni la implementación del proceso de paz, ni tampoco los avances en el Congreso para que esto se materialice", afirmó el secretario general de Presidencia, Alfonso Prada, en una alocución televisada.

El funcionario dijo que el gobierno confía "plenamente" en que el Congreso continuará el trámite de los proyectos que implementan los acuerdos de paz, como ya hicieron con la Ley de Amnistía, el Estatuto de la Oposición y el proyecto de reincorporación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, Londoño escribió en Twitter: "ante las decisiones de la Corte, todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en asamblea permanente. #NoNosEnredenLaPaz".

Por su lado, el asesor jurídico de las FARC, el español Enrique Santiago, aseguró hoy que la decisión de la Corte Constitucional ha congelado el acuerdo de paz y advirtió que es necesaria una Constituyente.

"Esto crea problemas jurídicos", dijo. Y agregó que con lo que se ha conocido del fallo de la Corte Constitucional, pareciera que la única vía que queda para implementar el acuerdo "es un proceso Constituyente".

En opinión de Santiago, uno de los poderes del Estado está bloqueando la implementación del acuerdo de paz y eso muestra que la institucionalidad no funciona.

"Llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona y si no funciona toca cambiarla. Y la única forma sería con la Constituyente", explicó Santiago.

En cambio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en declaraciones a Caracol Radio sostuvo que "este no es el fin del mundo ni trae consigo catástrofes como algunos pueden advertir".

Cristo dijo que "hasta el momento" tienen información fragmentada sobre la decisión, pero reiteró que el mecanismo del "fast track", o vía rápida para aprobar proyectos presentados por el gobierno para la paz "sigue viva", al igual que los poderes especiales otorgados al presidente de Colombia para legislar al respecto.

"El gobierno tiene las mayorías y seguirá apoyando el proceso de paz como lo ha hecho siempre, especialmente en los últimos años", remarcó Cristo, quien reconoció que algunos temas se demorarán más que otros pero confió en que esas dificultades "se puedan superar" como ha sucedido con otros temas del acuerdo de paz.

Pero uno de los negociadores del gobierno en esos acuerdos de paz, el senador Roy Barreras, catalogó de "duro golpe contra el proceso de paz" la decisión de la Corte Constitucional, reportó la agencia Efe. 

"Es un golpe duro contra el proceso de paz y su implementación, que será más difícil. El 'fast track' es un método extraordinario para un hecho extraordinario que es parar una guerra. No sé si los magistrados quedan tranquilos", opinó Barreras. 

Más confiado, el ex jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz en Cuba, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, dijo confiar en que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, "haga valer" sus facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley que le fueron otorgadas por 90 días y ampliables a otros plazo similar, para implementar el acuerdo de paz firmado entre el Ejecutivo y esa guerrilla en noviembre pasado.

Ayer, la Sala Plena de la Corte Constitucional, al estudiar la demanda presentada por el senador del derechista partido Centro Democrático, Iván Duque, declaró inexequibles (que no proceden) dos de los literales del Acto Legislativo para la Paz, en relación con el procedimiento del trámite legislativo especial para la implementación del acuerdo, conocido como "fast-track".

Se refirió así al literal H del artículo primero, que establecía que "los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del gobierno nacional".

También al literal J de ese mismo artículo que reza que "en la comisión y en las plenarias (de Senado y Cámara) se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el gobierno nacional en una sola votación".

La Corte sentenció que esos literales no son consecuentes con la Constitución al considerar que "sustituyen el principio de separación de poderes", pues se limita la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.